Miles de ciudadanos respaldan la marcha convocada por Noboa en Quito
En la mañana del martes 12 de agosto de 2025, cientos de personas —según algunas fuentes, miles— se movilizaron de forma pacífica desde el Puente del Guambra hacia la sede de la Corte Constitucional, respondiendo al llamado del presidente Daniel Noboa Azín. La marcha, impulsada por el Ejecutivo, fue convocada como una manifestación de apoyo a su gestión y en rechazo a la decisión del tribunal de suspender temporalmente varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública Desde temprano, la capital amaneció con un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Corte Constitucional, ubicada en la calle José Tamayo. Un centenar de militares fueron desplegados, se cerraron calles cercanas y la Policía Nacional instaló vallas para controlar el perímetro. Además, se observaron gigantografías con los rostros de los nueve jueces constitucionales bajo el lema “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, lo que generó controversia sobre el uso simbólico en espacios públicos. Durante la marcha, el presidente Noboa se hizo presente —vistiendo un chaleco antibalas— saludó a sus simpatizantes y ofreció un breve discurso frente a la sede del tribunal. Afirmó: “Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie” y agregó que la movilización era una expresión del “verdadero poder del pueblo”, manifestó el mandatario La Corte Constitucional emitió un pronunciamiento oficial destacando que, aunque respeta el derecho a la protesta pacífica, «esta no puede vulnerar la seguridad, independencia y autonomía de la justicia constitucional». El tribunal también advirtió que las vallas y carteles con rostros de los jueces ponen en riesgo su integridad física y pueden comprometer su independencia. La movilización ocurre en medio de un creciente pulso entre el Ejecutivo y el sistema judicial. La Corte suspendió provisionalmente entre 16 y 25 artículos de las tres leyes, señalando posibles violaciones de derechos fundamentales, mientras que el Gobierno defiende las normativas como herramientas necesarias para fortalecer la seguridad nacional y combatir la corrupción. Expertos y organismos internacionales han expresado preocupación por el uso político de la movilización, advirtiendo sobre posibles impactos en la independencia judicial.
En la mañana del martes 12 de agosto de 2025, cientos de personas —según algunas fuentes, miles— se movilizaron de forma pacífica desde el Puente del Guambra hacia la sede de la Corte Constitucional, respondiendo al llamado del presidente Daniel Noboa Azín.
La marcha, impulsada por el Ejecutivo, fue convocada como una manifestación de apoyo a su gestión y en rechazo a la decisión del tribunal de suspender temporalmente varios artículos de las leyes de Inteligencia, Solidaridad Nacional e Integridad Pública
Desde temprano, la capital amaneció con un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Corte Constitucional, ubicada en la calle José Tamayo. Un centenar de militares fueron desplegados, se cerraron calles cercanas y la Policía Nacional instaló vallas para controlar el perímetro.
Además, se observaron gigantografías con los rostros de los nueve jueces constitucionales bajo el lema “Estos son los jueces que nos están robando la paz”, lo que generó controversia sobre el uso simbólico en espacios públicos.
Durante la marcha, el presidente Noboa se hizo presente —vistiendo un chaleco antibalas— saludó a sus simpatizantes y ofreció un breve discurso frente a la sede del tribunal. Afirmó:
“Nosotros estamos aquí para buscar justicia y para buscar paz, no estamos para atropellar a nadie” y agregó que la movilización era una expresión del “verdadero poder del pueblo”, manifestó el mandatario
La Corte Constitucional emitió un pronunciamiento oficial destacando que, aunque respeta el derecho a la protesta pacífica, «esta no puede vulnerar la seguridad, independencia y autonomía de la justicia constitucional».
El tribunal también advirtió que las vallas y carteles con rostros de los jueces ponen en riesgo su integridad física y pueden comprometer su independencia.
La movilización ocurre en medio de un creciente pulso entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
La Corte suspendió provisionalmente entre 16 y 25 artículos de las tres leyes, señalando posibles violaciones de derechos fundamentales, mientras que el Gobierno defiende las normativas como herramientas necesarias para fortalecer la seguridad nacional y combatir la corrupción.
Expertos y organismos internacionales han expresado preocupación por el uso político de la movilización, advirtiendo sobre posibles impactos en la independencia judicial.
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