Un asesino condenado por un triple crimen en Madrid, entre los liberados por la negociación Trump-Maduro
22/07/2025Actualizado a las 19:18h. A bordo del jet fletado por el Gobierno de Estados Unidos para traer desde Venezuela a supuestos presos políticos en un canje de nacionales viajaba también un asesino condenado por el crimen de dos mujeres cubanas y un hombre ecuatoriano en Madrid en 2016 ... , conocido como el triple crimen de Usera. Dahud Hanid Ortiz, que llegó a posar sonriente con el encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, John McNamara, con una pequeña bandera americana en la mano izquierda, había sido detenido en Venezuela y condenado a 30 años de prisión. Con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, Ortiz fue arrestado el 3 de octubre de 2018 por un comando especial en un apartamento de la urbanización Residencias El Yagual, donde visitaba a su familia. Estaba buscado por Interpol desde 2016 por el asesinato de tres personas en un despacho de abogados en Madrid. Fue capturado con documentos falsos y una medalla militar estadounidense. Había sido teniente del Ejército norteamericano. Tenía el rango de teniente primero del Ejército de Estados Unidos. Ya había sido condenado antes de ese triple homicidio por fraude, falso testimonio y robo de más de 87.000 dólares en subsidios. En su caso, el tribunal militar en 2015 dejó constancia de que obtuvo su comisión como oficial mediante documentación falsa y que, tras su condena, alegó parcialidad del juez, sin éxito. España solicitó su extradición el 30 de noviembre de 2018, pero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la rechazó en abril de 2019, alegando que Ortiz es venezolano de nacimiento y no podía ser entregado a otro país. Se ordenó juzgarlo en Venezuela por homicidio e incendio, con el compromiso de garantizar el debido proceso y colaborar con España en la obtención de pruebas. La familia de las víctimas, representada por Salas, ha expresado su consternación y temor al saber que Ortiz podría haber sido liberado como parte del canje entre Washington y Caracas ABC El móvil del crimen, según se explicó en el juicio, fue personal: Ortiz buscaba vengarse del abogado peruano Víctor Salas, con quien su exesposa mantenía una relación. Al no encontrarlo, asesinó a las trabajadoras cubanas Elisa Consuegra y Maritza Osorio, y al cliente ecuatoriano John Pepe Castillo. Luego prendió fuego al despacho para borrar rastros. Durante más de cinco años en prisión preventiva en Venezuela, el caso estuvo a punto de desmoronarse por dilaciones indebidas. En diciembre de 2023, estuvo cerca de ser extraditado a España, pero un comandante se negó a embarcarlo. Fue finalmente juzgado y condenado en Caracas, tras haberse iniciado hasta cuatro procesos distintos por el mismo crimen. Consternación de las víctimas La familia de las víctimas, representada por Salas, ha expresado su consternación y temor al saber que Ortiz podría haber sido liberado como parte del canje entre Washington y Caracas. Denuncian que no fueron informados oficialmente y rechazan que se le presente como un preso político. Salas, que era el objetivo del ataque, teme por su vida y acusa a ambos gobiernos de actuar con ignorancia o mediocridad. Lamenta también la pasividad de España: «Con decisiones así, se envía un mensaje a toda Europa: que uno puede matar a tres personas y quedar impune», advirtió. El sábado por la noche, diez ciudadanos estadounidenses –entre ellos Ortiz– ya estaban de regreso en EE.UU., según confirmaron fuentes oficiales. ABC preguntó por su paradero, pero no obtuvo respuesta de las autoridades. Su liberación formó parte de un acuerdo entre Washington y Caracas que incluyó la excarcelación de supuestos presos políticos venezolanos, en una operación en la que participó El Salvador. En paralelo, más de 200 inmigrantes venezolanos, algunos solicitantes de asilo, que fueron deportados por la Administración Trump bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 y trasladados al centro de detención CECOT, en El Salvador, han sido entregados a Venezuela. La Casa Blanca ha calificado a la banda criminal Tren de Aragua como una fuerza invasora y ha justificado las expulsiones por presuntos vínculos con ese grupo. Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión Reportar un error
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A bordo del jet fletado por el Gobierno de Estados Unidos para traer desde Venezuela a supuestos presos políticos en un canje de nacionales viajaba también un asesino condenado por el crimen de dos mujeres cubanas y un hombre ecuatoriano en Madrid en 2016 ... , conocido como el triple crimen de Usera.
Dahud Hanid Ortiz, que llegó a posar sonriente con el encargado de negocios de EE.UU. para Venezuela, John McNamara, con una pequeña bandera americana en la mano izquierda, había sido detenido en Venezuela y condenado a 30 años de prisión.
Con doble nacionalidad venezolana y estadounidense, Ortiz fue arrestado el 3 de octubre de 2018 por un comando especial en un apartamento de la urbanización Residencias El Yagual, donde visitaba a su familia. Estaba buscado por Interpol desde 2016 por el asesinato de tres personas en un despacho de abogados en Madrid. Fue capturado con documentos falsos y una medalla militar estadounidense. Había sido teniente del Ejército norteamericano.
Tenía el rango de teniente primero del Ejército de Estados Unidos. Ya había sido condenado antes de ese triple homicidio por fraude, falso testimonio y robo de más de 87.000 dólares en subsidios. En su caso, el tribunal militar en 2015 dejó constancia de que obtuvo su comisión como oficial mediante documentación falsa y que, tras su condena, alegó parcialidad del juez, sin éxito.
España solicitó su extradición el 30 de noviembre de 2018, pero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela la rechazó en abril de 2019, alegando que Ortiz es venezolano de nacimiento y no podía ser entregado a otro país. Se ordenó juzgarlo en Venezuela por homicidio e incendio, con el compromiso de garantizar el debido proceso y colaborar con España en la obtención de pruebas.
El móvil del crimen, según se explicó en el juicio, fue personal: Ortiz buscaba vengarse del abogado peruano Víctor Salas, con quien su exesposa mantenía una relación. Al no encontrarlo, asesinó a las trabajadoras cubanas Elisa Consuegra y Maritza Osorio, y al cliente ecuatoriano John Pepe Castillo. Luego prendió fuego al despacho para borrar rastros.
Durante más de cinco años en prisión preventiva en Venezuela, el caso estuvo a punto de desmoronarse por dilaciones indebidas. En diciembre de 2023, estuvo cerca de ser extraditado a España, pero un comandante se negó a embarcarlo. Fue finalmente juzgado y condenado en Caracas, tras haberse iniciado hasta cuatro procesos distintos por el mismo crimen.
Consternación de las víctimas
La familia de las víctimas, representada por Salas, ha expresado su consternación y temor al saber que Ortiz podría haber sido liberado como parte del canje entre Washington y Caracas. Denuncian que no fueron informados oficialmente y rechazan que se le presente como un preso político. Salas, que era el objetivo del ataque, teme por su vida y acusa a ambos gobiernos de actuar con ignorancia o mediocridad. Lamenta también la pasividad de España: «Con decisiones así, se envía un mensaje a toda Europa: que uno puede matar a tres personas y quedar impune», advirtió.
El sábado por la noche, diez ciudadanos estadounidenses –entre ellos Ortiz– ya estaban de regreso en EE.UU., según confirmaron fuentes oficiales. ABC preguntó por su paradero, pero no obtuvo respuesta de las autoridades.
Su liberación formó parte de un acuerdo entre Washington y Caracas que incluyó la excarcelación de supuestos presos políticos venezolanos, en una operación en la que participó El Salvador.
En paralelo, más de 200 inmigrantes venezolanos, algunos solicitantes de asilo, que fueron deportados por la Administración Trump bajo la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798 y trasladados al centro de detención CECOT, en El Salvador, han sido entregados a Venezuela.
La Casa Blanca ha calificado a la banda criminal Tren de Aragua como una fuerza invasora y ha justificado las expulsiones por presuntos vínculos con ese grupo.
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