Gobierno propone que las fundaciones sean controladas por la 'Súper' de Economía Popular y Solidaria
El proyecto de ley incluye reformas a la Ley de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos. Una de ellas se refiere a una medida cautelar para la inmovilización de fondos inmediata en el sistema financiero nacional y el sistema financiero popular y solidario, por parte de la la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cuando tenga indicios de una operación sospechosa o vinculada a posibles delitos financieros. La medida será excepcional y proporcional al riesgo detectado, es decir, se limitará al monto equivalente de la transacción sospechosa o inusual.Esto deberá ser ejecutado por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y tendrá una vigencia de ocho días calendario. En ese lapso, la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado deberá pronunciarse sobre su ratificación, modificación o revocatoria. Los montos que sean congelados por las entidades del sistema financiero, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deberán ser transferidos a una cuenta única administrada por el Estado en un plazo máximo de cinco días. La propuesta legal también señala que los montos que se encuentren congelados por el sistema financiero o por orden judicial, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, antes de la entrada en vigencia de la ley, deberán ser transferido a una cuenta única administrado por el Estado, en un plazo máximo treinta días.
El proyecto de ley incluye reformas a la Ley de Prevención, Detección y Combate al Lavado de Activos.
Una de ellas se refiere a una medida cautelar para la inmovilización de fondos inmediata en el sistema financiero nacional y el sistema financiero popular y solidario, por parte de la la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cuando tenga indicios de una operación sospechosa o vinculada a posibles delitos financieros.
La medida será excepcional y proporcional al riesgo detectado, es decir, se limitará al monto equivalente de la transacción sospechosa o inusual.
Esto deberá ser ejecutado por las entidades financieras en un plazo de 72 horas y tendrá una vigencia de ocho días calendario. En ese lapso, la Unidad Especializada para el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado deberá pronunciarse sobre su ratificación, modificación o revocatoria.
Los montos que sean congelados por las entidades del sistema financiero, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, deberán ser transferidos a una cuenta única administrada por el Estado en un plazo máximo de cinco días.
La propuesta legal también señala que los montos que se encuentren congelados por el sistema financiero o por orden judicial, relacionados con posibles operaciones de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o fraude, antes de la entrada en vigencia de la ley, deberán ser transferido a una cuenta única administrado por el Estado, en un plazo máximo treinta días.
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